El drama de la okupación vuelve a golpear a una familia española que lleva más de tres años intentando recuperar su vivienda.
En este caso, se trata de una inquiokupación, en la que unos inquilinos dejaron de pagar el alquiler desde 2023, acumulando una deuda de más de 26.500 euros.
Rosa, la propietaria, había firmado el contrato en 2021 para destinar el dinero del arrendamiento al pago de la residencia de su padre, que cuesta 1.200 euros mensuales.
Durante los dos primeros años los pagos se realizaron con normalidad, pero desde hace casi tres años no ha recibido ni un solo euro, y el proceso judicial se ha convertido en una pesadilla.
La familia obtuvo una sentencia firme de desahucio, pero la orden de lanzamiento se ha retrasado varias veces por errores de notificación y lentitud judicial, lo que ha permitido que los ocupantes sigan viviendo en el inmueble sin pagar.
Mientras tanto, el padre de Rosa, un jubilado con 900 euros de pensión mensual, acumula una deuda de 17.000 euros con la residencia donde vive.
“La justicia no protege al propietario. Hemos ganado, pero seguimos sin casa y con deudas”, lamenta Rosa.
El caso refleja la falta de respuesta efectiva de la administración ante situaciones de okupación o inquiokupación, que dejan a los afectados en una indefensión total frente a quienes incumplen la ley.
Cada año, miles de familias se enfrentan a procesos similares que, pese a resolverse judicialmente a su favor, se retrasan meses o años por defectos procesales, lo que alimenta la frustración social ante un sistema que, según los afectados, “castiga al propietario y protege al moroso”.
Fuente: Libertaddigital.
