La queja denuncia que el Estado mantiene recortes en las pagas extraordinarias pese a haber dado por superada la crisis económica hace más de una década.
Miguel Ángel Socorro Perdomo, funcionario de carrera del Cabildo de Fuerteventura, ha formalizado una queja ante el Defensor del Pueblo para denunciar la falta de impulso administrativo en su reclamación de restitución de derechos retributivos vinculados a los recortes salariales aplicados en 2010.
La actuación se produce después de que el funcionario presentara, el pasado 27 de abril, una petición formal ante la Secretaría de Estado de Función Pública, que, según denuncia, no ha mostrado avances significativos en su tramitación.
Reclama el fin de la justificación de los recortes
La reclamación se centra en la pérdida de la causa que justificó las medidas adoptadas mediante el Real Decreto-ley 8/2010, una norma de carácter extraordinario vinculada a la crisis económica.
Según recoge el escrito, aquella situación fue dada por superada por el propio Estado a partir del ejercicio 2015, por lo que considera que se ha extinguido el fundamento que permitió reducir las cuantías de las pagas extraordinarias del personal público.
Pérdidas económicas acumuladas
La queja trasladada al Defensor del Pueblo incluye un análisis de las diferencias retributivas acumuladas desde 2010, que cifra las pérdidas en 14.064,07 euros para el grupo A1, 8.596,59 euros para el grupo A2, 3.767,20 euros para el grupo C1 y 3.236 euros para el grupo C2.
El denunciante sostiene que se trata de una lesión económica objetivable y continuada que no afecta únicamente a un caso individual, sino a miles de empleados públicos que siguen soportando las consecuencias de una crisis ya superada.
“No es solo una reclamación. Es una línea roja. No se puede seguir normalizando este recorte permanente”, señala Miguel Ángel Socorro Perdomo.
Petición de intervención al Defensor del Pueblo
El escrito solicita que el Defensor del Pueblo recabe información de la Secretaría de Estado sobre el estado del expediente y que inste a la Administración a evitar dilaciones innecesarias.
Asimismo, plantea que la situación podría tener relevancia constitucional y pide que se valore el ejercicio de las facultades de la institución en el marco del control de constitucionalidad.
El funcionario argumenta que el derecho fundamental de petición no se satisface con una respuesta formal, sino que exige una tramitación real y efectiva orientada a resolver el fondo del asunto.
La reclamación concluye advirtiendo de que, si persiste la inacción administrativa, no se descartan nuevas actuaciones en todos los ámbitos, incluida la vía judicial.
