La diputada de NC-BC alerta de falta de recursos, desigualdad territorial y un sistema que no garantiza el acceso real a los cuidados
La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Natalia Santana, ha denunciado que el nuevo decreto de dependencia impulsado por el Gobierno de Canarias presidido por Fernando Clavijo “no resuelve los problemas de fondo del sistema y deja atrás a islas como Fuerteventura”.
Santana ha advertido de que la norma mantiene sin solución la falta de recursos, la desigualdad territorial y las dificultades de acceso real a los cuidados, especialmente en las islas no capitalinas.
La parlamentaria ha sido contundente al afirmar que Canarias cuenta con un sistema “desbordado, con miles de personas en lista de espera y casos inaceptables en los que el derecho está reconocido pero la atención nunca llega”.
Además, ha señalado que el nuevo decreto, impulsado por Coalición Canaria y Partido Popular, apuesta por un modelo que “impide a muchas personas ejercer los derechos reconocidos”, al no abordar los déficits estructurales del sistema.
Críticas al modelo y a la falta de planificación
Santana ha cuestionado que el Ejecutivo autonómico continúe legislando mediante decretos de urgencia, evitando el debate necesario sobre la construcción de una red pública de cuidados sólida.
“Canarias no puede seguir siendo gobernada a base de decretos de urgencia que evitan el debate de fondo”, ha afirmado, insistiendo en la necesidad de diseñar un sistema que llegue a todos los territorios.
Aunque reconoció algunas mejoras en la norma, como el aumento de cuantías o la compatibilidad de prestaciones, mostró su preocupación por la creación del Grado III+ de dependencia extrema, al considerar que puede convertirse en una carga burocrática para las familias.
Según explicó, el carácter finalista de las ayudas obliga a justificar cada gasto, lo que supone “una pesadilla administrativa para familias ya exhaustas”.
Desigualdad territorial en Fuerteventura
La diputada puso el foco en Fuerteventura, donde, a su juicio, el decreto evidencia una profunda desigualdad territorial, al permitir el acceso a servicios que en muchos casos no existen en la isla.
Santana denunció que en municipios como Pájara, Tuineje o amplias zonas de Puerto del Rosario no hay suficientes empresas de asistencia personal o ayuda a domicilio, lo que impide materializar los derechos reconocidos.
“¿De qué sirve reconocer un derecho si no hay servicio disponible? De nada”, subrayó.
En este contexto, muchas familias se ven obligadas a asumir tareas que no les corresponden, desde la búsqueda de personal hasta la gestión administrativa, lo que agrava la situación.
Para Santana, esta realidad genera una desigualdad clara en función del territorio, donde el acceso a los cuidados depende del lugar de residencia.
“La obligación de garantizar los servicios corresponde a la administración pública, no a las familias”, concluyó.
