Los presidentes Oswaldo Betancort y Lola García rechazan los mapas de las ZAR y exigen que los Cabildos recuperen la «última palabra» en la autorización de proyectos para proteger el paisaje
En un movimiento institucional sin precedentes, el Cabildo de Lanzarote y el Cabildo de Fuerteventura han emitido un manifiesto conjunto para mostrar su rechazo frontal al modelo de Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) impulsado por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Ante la creciente preocupación social generada por la publicación de los mapas de delimitación, los presidentes Oswaldo Betancort y Lola García han fijado una posición firme en defensa del territorio, advirtiendo que la implantación acelerada de grandes infraestructuras energéticas en suelo rústico es incompatible con la identidad de ambas islas, ambas declaradas Reservas de la Biosfera.
El manifiesto subraya que la transición energética no puede realizarse a costa de la degradación del paisaje, un valor que en las islas orientales es tanto ambiental como cultural y económico. Ambos cabildos recuerdan que el marco normativo vigente, especialmente tras la reciente actualización de la Ley de Regulación del Sector Eléctrico Canario de junio de 2024, ya prioriza la instalación de sistemas fotovoltaicos en cubiertas y edificaciones existentes. En este sentido, exigen la realización de estudios rigurosos sobre el potencial real de estas superficies urbanas antes de plantear cualquier ocupación de suelo rústico, defendiendo además modelos de titularidad pública para que los beneficios económicos reviertan directamente en la sociedad insular.
Uno de los puntos más críticos del manifiesto es la denuncia del decreto aprobado por el Gobierno de Canarias en enero de 2026, el cual elimina la evaluación ambiental para determinados proyectos en las zonas ZAR. Las instituciones insulares consideran esta medida un «grave retroceso» en las garantías de protección y han solicitado formalmente al Parlamento de Canarias que se restituya la obligatoriedad de estos informes técnicos. Para Lanzarote y Fuerteventura, saltarse este paso supone ignorar la elevada sensibilidad paisajística de dos territorios que han hecho de la preservación su principal bandera de desarrollo.
Finalmente, los Cabildos reclaman recuperar plenamente su capacidad de decisión en la planificación energética. El mensaje enviado al Ejecutivo autonómico es claro: las instituciones insulares deben tener la última palabra en la autorización territorial de cualquier proyecto, ya que son quienes mejor conocen la realidad social y ambiental de cada isla. Bajo la premisa de «sí a las renovables, pero no a costa del territorio», Betancort y García instan al Gobierno de Canarias a abrir un proceso de diálogo y planificación conjunta que respete la soberanía insular y la voluntad de la ciudadanía.
