Los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura han hecho público un manifiesto conjunto en el que expresan su rechazo al modelo de Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) promovido por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, al considerar que este planteamiento podría favorecer una implantación acelerada de grandes instalaciones energéticas en suelo rústico con posibles afecciones sobre el territorio y el paisaje.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, y la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, trasladaron en el documento su posicionamiento común en defensa de un modelo de transición energética adaptado a la realidad territorial de ambas islas.
Según el manifiesto, la publicación inicial de los mapas de delimitación de estas zonas ha generado “una creciente preocupación social en Lanzarote y Fuerteventura”, al percibirse por parte de amplios sectores de la ciudadanía como un planteamiento que podría facilitar la implantación acelerada de grandes proyectos energéticos en suelo rústico.
Defensa del paisaje y del modelo territorial
Ambas instituciones consideran que la filosofía que inspira las ZAR, basada en la aceleración administrativa para la implantación de proyectos energéticos, resulta incompatible con la realidad territorial, ambiental y paisajística de Lanzarote y Fuerteventura.
Los cabildos recuerdan que ambas islas han construido históricamente su modelo de desarrollo sobre la preservación del paisaje, el patrimonio natural y el equilibrio territorial, valores que consideran fundamentales para su identidad.
En este contexto, subrayan que la transición energética no puede realizarse a costa de la degradación del territorio ni del paisaje insular.
Prioridad para instalaciones en cubiertas
El manifiesto también recuerda que la normativa autonómica vigente ya establece la priorización de la implantación de energías renovables en cubiertas y edificaciones existentes.
En concreto, señalan que la Ley 11/1997 de Regulación del Sector Eléctrico Canario, en su redacción vigente tras el texto refundido publicado en el Boletín Oficial de Canarias el 25 de junio de 2024, incorpora la obligación de instalar sistemas fotovoltaicos en cubiertas de edificaciones de nueva planta o sometidas a reforma integral, además de fomentar su implantación en edificaciones ya existentes.
Asimismo, mencionan la Ley 6/2022 de cambio climático y transición energética de Canarias, que establece como principio fundamental la priorización de las energías renovables en edificaciones e infraestructuras existentes.
En este sentido, los cabildos consideran necesario que, antes de ocupar suelo con instalaciones energéticas, se realicen estudios rigurosos sobre el potencial real de implantación de renovables en cubiertas e infraestructuras ya existentes en ambas islas.
Preocupación por la eliminación de la evaluación ambiental
Otro de los puntos que genera inquietud en ambas instituciones es la decisión del Gobierno de Canarias de eliminar la evaluación ambiental para determinados proyectos de energías renovables ubicados en Zonas de Aceleración de Renovables, medida adoptada mediante un decreto aprobado en enero de 2026.
Los cabildos consideran que suprimir este procedimiento en territorios insulares con alta sensibilidad ambiental “constituye un grave retroceso en las garantías de protección del territorio”.
Por ello, solicitan formalmente al Parlamento de Canarias que restituya la obligatoriedad de la evaluación ambiental para todos los proyectos que se pretendan implantar en estas zonas.
Reivindicación del papel de los cabildos
Las instituciones insulares también defienden que los cabildos recuperen plenamente su capacidad de decisión en la planificación energética del territorio.
En esta línea, Lanzarote y Fuerteventura consideran que deben ser los cabildos quienes tengan la última palabra en la autorización territorial de los proyectos de energías renovables, en coherencia con sus competencias en materia de ordenación territorial y planificación insular.
“Ninguna política de aceleración administrativa puede situarse por encima de la protección del territorio ni de la capacidad de decisión de las instituciones insulares”, recoge el manifiesto.
“Sí a las renovables, pero no a costa del territorio”
Ambos cabildos reiteran su compromiso con la transición energética y el desarrollo de energías renovables, aunque insisten en que este proceso debe realizarse desde el respeto absoluto al territorio, a la planificación insular y a la voluntad de la ciudadanía.
Por este motivo, solicitan al Gobierno de Canarias la apertura de un proceso de reflexión, diálogo institucional y planificación conjunta que permita diseñar un modelo energético adaptado a la realidad territorial de Lanzarote y Fuerteventura.
El documento concluye con una posición clara de ambas instituciones: “sí a las energías renovables, pero no a costa del territorio”.
