El juzgado avala la decisión del Consorcio del Agua de Lanzarote de remitir la revisión tarifaria a la Comisión de Precios
El Cabildo de Lanzarote y el Consorcio del Agua de Lanzarote han valorado positivamente la sentencia dictada este martes por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria, que inadmite el recurso presentado por Canal Gestión Lanzarote contra la decisión del Consorcio de elevar a la Comisión de Precios de Canarias la revisión de tarifas del agua correspondiente a los ejercicios 2020–2024.
El presidente del Cabildo y del Consorcio, Oswaldo Betancort, subrayó que la resolución judicial confirma que la institución actuó conforme a la legalidad y siguiendo el procedimiento establecido. En este sentido, afirmó que el actual grupo de gobierno no pondrá en riesgo fondos públicos ante una subida tarifaria que carezca de la autorización del órgano competente.
Betancort recordó que durante el anterior mandato el Consorcio abonó un anticipo de 1,5 millones de euros a la concesionaria por una revisión tarifaria que posteriormente fue desestimada por la Comisión de Precios y que actualmente es objeto de reclamación. Asimismo, señaló que en los presupuestos de 2023 se habían consignado otros tres millones de euros por el mismo concepto, insistiendo en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y el cumplimiento de los trámites legales y contractuales.
La sentencia concluye que el acuerdo del Consorcio de remitir la revisión tarifaria a la Comisión de Precios constituye un acto de mero trámite, sin contenido decisorio propio y, por tanto, no susceptible de impugnación autónoma, acordando la inadmisión del recurso sin imposición de costas.
El juzgado considera que la resolución recurrida se limitaba a cumplir lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas, que establece que las tarifas, una vez aprobadas por el Consorcio, deben someterse a la Comisión de Precios de Canarias, sin entrar en el fondo del asunto ni impedir la continuidad del procedimiento administrativo.
El presidente reiteró que la postura del actual Ejecutivo insular es clara: cualquier actualización tarifaria debe contar previamente con la autorización válida de la Comisión de Precios y con una resolución firme antes de comprometer recursos públicos.
